Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha promovida por las Naciones Unidas que este año cobra mayor relevancia bajo el lema “La era de la longevidad: repensar los sistemas para vidas más largas”.
Más allá de ser una jornada de concientización, representa un llamado a transformar de forma estructural la salud pública, la protección social y las dinámicas urbanas frente a una de las transiciones demográficas más aceleradas de la historia humana.
De acuerdo con estimaciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la población mundial atraviesa un proceso continuo e irreversible de envejecimiento:
Crecimiento de la población mayor El número de personas de 60 años o más se duplicó ampliamente en las últimas tres décadas, pasando de 541 millones en 1995 a 1.200 millones en 2025, y se prevé que alcance los 2.100 millones para el año 2050.
Cruce demográfico: Para el año 2080, se proyecta que la población global de personas mayores de 65 años superará por primera vez a la de menores de 18 años.
Aumento en la esperanza de vida: La expectativa de vida media al nacer alcanzó los 73,5 años a nivel global, lo que supone un incremento de 8,6 años desde mediados de los noventa. Además, el segmento de mayores de 80 años es el que crece a mayor ritmo.
Envejecer con salud: más que vivir más años, vivir mejor
La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento saludable no como la ausencia de enfermedad, sino como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Esta capacidad funcional está determinada por la interacción entre la capacidad intrínseca del individuo (sus aptitudes físicas y mentales) y el entorno en el que vive.
En el marco de la Década del Envejecimiento Saludable (2021–2030) de la OMS y las Naciones Unidas, las políticas sanitarias prioritarias se agrupan en cuatro ejes centrales:
1. Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos respecto a la edad: Combatir el edadismo (ageism), una forma de discriminación invisible que impacta negativamente tanto la salud mental como la calidad de la atención médica que reciben los adultos mayores.
2. Entornos amables y accesibles: Adaptar el transporte, las viviendas y los espacios públicos para promover la autonomía, la movilidad y la participación comunitaria.
3. Atención primaria centrada en las personas: Adecuar los servicios de salud para detectar precozmente el deterioro cognitivo o funcional y gestionar adecuadamente las enfermedades crónicas no transmisibles (como hipertensión, diabetes o demencias).
4. Cuidados de larga duración: Establecer sistemas integrales de atención que brinden apoyo digno a las personas con pérdida sustancial de capacidad funcional, garantizando al mismo tiempo un respaldo sostenible para los cuidadores informales, quienes en su gran mayoría son mujeres.
Desafíos asistenciales y equidad de género
El cambio en la pirámide poblacional incrementa de forma directa la demanda de servicios sociosanitarios especializados. La prevalencia de trastornos como las demencias —una de las principales causas de dependencia y discapacidad en la vejez— exige redes de atención primaria integradas con servicios comunitarios.
Asimismo, existe una profunda dimensión de género: las mujeres constituyen la mayoría de los receptores de cuidados y representan casi el 70% de las horas de trabajo informal de cuidados a nivel global. En países de ingresos bajos y medios con infraestructuras públicas limitadas, esta carga recae de forma desproporcionada sobre ellas, incrementando su vulnerabilidad económica y social en las etapas avanzadas de la vida.
Hacia una perspectiva de derechos y participación activa
El enfoque actual de los organismos multilaterales impulsa un cambio de paradigma: pasar de ver a las personas mayores como beneficiarias pasivas de asistencia social a reconocerlas como titulares de derechos e impulsoras del desarrollo sostenible.
El fortalecimiento de un marco jurídico internacional jurídicamente vinculante para la protección de sus derechos, sumado a la reestructuración de los sistemas sanitarios y laborales, resulta imprescindible para garantizar que el aumento en los años de vida se traduzca en años de salud, autonomía y dignidad para todas las personas.
