Buscan equilibrar el derecho de los beneficiarios al acceso a tratamientos y medicamentos con la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
A través de la Resolución 3934/24, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud establece un nuevo marco normativo orientado a regular la presentación de planes de salud por parte de las obras sociales y prepagas. La medida tiene como eje asegurar la claridad en la oferta de los planes abiertos o cerrados que se brindan a los beneficiarios, y reforzar la transparencia en el acceso a los servicios médicos.
Cada plan de salud deberá presentar su cartilla prestacional, en la que se detallen los profesionales, centros médicos y prestadores habilitados, así como las condiciones específicas de acceso y cobertura. En los casos de planes cerrados, las prestaciones estarán limitadas a las indicadas por los profesionales que figuren en la cartilla del agente correspondiente. En cambio los afiliados a planes abiertos continuarán con las mismas prestaciones.
Uno de los puntos más relevantes de la normativa es la obligación para los médicos prescriptores de acreditar que pertenecen a la red prestacional de la obra social. Además, deberán presentar una declaración jurada que asegure la inexistencia de conflictos de intereses con los proveedores de las tecnologías o medicamentos indicados.
Estos controles serán imprescindibles tanto para validar la cobertura como para solicitar subsidios o reintegros por prestaciones realizadas fuera de la cartilla. En los casos en los que los beneficiarios recurran a la vía administrativa o judicial, estas exigencias seguirán siendo aplicables.
La medida busca ordenar la prescripción médica en medicamentos de alto costo frente a un elevado número de recetas que, en muchos casos, provienen de profesionales que no son especialistas en las patologías tratadas, no consideran la historia clínica del paciente y omiten detallar un diagnóstico presuntivo adecuado.
En ocasiones, se han detectado prescripciones de medicamentos que aún no cuentan con la aprobación correspondiente y permanecen en fase experimental o en etapas preliminares de ensayo clínico. Además, algunos profesionales recetan tratamientos o prácticas sin suficiente evidencia científica que las avale, o bien mantienen vínculos con laboratorios o proveedores de tecnología médica que comprometen la objetividad en sus decisiones.
La transparencia en la administración de recursos es clave para mantener la confianza de los beneficiarios y asegurar la igualdad en el acceso a las prestaciones. En este sentido, el nuevo marco regulatorio tiene como objetivo prevenir la proliferación de prácticas fuera de cartilla y mejorar las herramientas de control por parte de las obras sociales y la propia Superintendencia.
