La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dispuso la medida contra siete empresas, la asociación que las agrupa y Claudio Belocopitt, presidente de la institución, por presuntas prácticas concertadas.
En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dispuso imputar a un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y Claudio Belocopitt, su presidente, por haber hallado elementos que configuran un acuerdo colusivo.
Las empresas investigadas y alcanzadas por la imputación son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, así como también la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y presidente de la UAS en ese momento.
La CNDC informó que “La apertura de la investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la por cartelización en los términos del artículo 2°, inciso a), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), en virtud del aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024”.
En abril de este mismo año, el Gobierno intervino dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre y cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
De acuerdo a los plazos fijados, a partir de la notificación, las prepagas y Belocopitt tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada.
En caso de comprobar la imputación, la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.
